Supuestamente Esperanza, la joven de 16 años con leucemia y embarazada de 9 semanas, está recibiendo tratamiento. Lo digo a supuesto porque a pesar de que habían dicho que sí, me llegaron informaciones de que aun no lo estaba recibiendo. Este tratamiento ha sido postergado una semana por un artículo constitucional cuyas consecuencias se viven ahora, fuera de la idea ideal y cerrada de un grupo de personas con poder para querer imponernos su moral absoluta.
Y en este caso que se ha hecho público, a fuerza de las redes sociales en primer lugar, se pueden sacar muchas lecciones y, algo que personalmente me satisface, saber que tenemos fuerza para exigir el derecho que se nos ha arrebatado a las mujeres: la libertad de decidir cuando nuestra vida está en peligro.
Por un lado, es triste saber que muchas personas pueden justificar acciones contra la vida de otra sin ni siquiera molestarse en averiguar sobre que se trata el caso, sin informarse, sin tratar de ver la situación más allá de sus narices, solo por una convicción moral individual y, en ocasiones, prejuiciada y acusatoria. Crueldad. Lo peor, escuchar gente justificando desde el "cuento de oídas".
También me detengo en el papel de los medios. La denuncia del caso de negación de tratamiento salió a la luz gracias a la doctora Lilliam Fondeur en su columna del periódico El Nacional, artículo que fue replicado primero en las redes sociales. Los medios tardaron dos días en tocar el tema, sobre todo luego de que Noticias SIN logrará burlar la seguridad del centro de salud SEMMA con cámaras escondidas. Que vale la pena señalar aquí, que el centro puso seguridad en la puerta de la habitación de la adolescente y a varios periodistas se les negó reiteradamente que esa joven estuviese ingresada en el centro. Eso, sin contar, que la madre fue amenazada con no darle el tratamiento a su hija si hablaba con la prensa.
Muchos medios parecieron darse cuenta de la situación luego de la declaración del Ministro de Salud, Bautista Rojas Gómez, quien dijo que el tratamiento debía darse. Para pensar.
Tomando las notas y cobertura de SIN, quien mayor cobertura le ha dado a la discusión, vi hoy en el programa El Despertador los comentarios de dos miembros del famoso Consejo de Bioetica. Resulta que ellos ni siquiera estaban llamados a conocer el caso, ni lo tenían contemplado en su agenda, a pesar de que se había informado lo contrario cuando el caso se dio a conocer. Uno de ellos, José Placido Montero, apuntó varias cosas: 1) la casi imposibilidad de que el feto sea viable con o sin tratamiento; 2) la disyuntiva en que coloca a los médicos el articulo 37 de la Constitución, señalando que de no existir este caso hubiese sido resuelto entre los médicos del centro y los familiares de la adolescente y que hubiese sido sin mucha discusión la interrupción del embarazo; 3) el "limbo" en que el artículo 37 deja estos casos, haciendo que un ministro se atribuya funciones que aseguro no le corresponden y viole la Constitución; y 4) la importancia de la preservar la vida de la joven.
Otro miembro de este Consejo, identificado como doctor Montalvo y secretario de este organismo, dijo otra cosa más importante: el derecho individual del paciente de decidir que quiere hacer. Algo que olvido mucha gente y que su tutora dejo claro, muy claro, sobre lo que entendía lo mejor para su única hija: "Mi hija primero, por Dios, mi hija primero. Yo sé que eso del aborto en la Constitución no se puede, lo sé porque yo soy cristiana y creo en Dios. Pero es mi hija. Lo único que tengo es mi hija, eso es lo único, toda mi vida ha sido mi hija. ¡Siento que mi hija primero!”
Llegando a este punto no puedo más que apoyar lo dicho por el doctor Placido Montero: ese artículo debe ser discutido y modificado.
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