Día once. De un robo y burocracias (2)

Viejos males y justificaciones

“Quien sale mejor en la foto es el más sospechoso de los invitados y eso es irremediablemente cotidiano.” Irremediablemente cotidiano, Enrique Bunbury.

Lunes 16 de febrero. A ver que tal me va con la recuperación de mis documentos perdidos en un robo-cartereo, pensé mientras salía de casa. En las manos llevaba unos papeles relativos a mi juramentación como dominicana (fue le pasado 15 de enero, así que tengo doble ciudadanía). Quizás, me dije, el proceso no sea tan largo y pueda tener la cedula dominicana pronto y así no tener que sacar un duplicado de la extranjera, perdida en el robo.

Llego al departamento jurídico de la Junta Central Electoral. Tomó un ticket. El 53. Veo la pantalla. Faltan diez turnos para que me atiendan. Me siento y espero. Sólo dos personas prestan servicios al público que supera la docena, las demás casillas (son cuatro en total) estaban vacías. Para mi sorpresa unos hombres entraban y salían, atendidos con mayor prioridad. No eran abogados, eran “buscones”.

¿Quiénes son los buscones? Desde tiempos burocráticos inmemorables, estos personajes rodean todas las oficinas públicas para “hacerte las diligencias más pronto”. El precio por sus servicios siempre es más alto que el costo del proceso normal, pues el fin es tener ganancias. Dentro de las oficinas tienen sus “enllaves”, los que saltando los procesos establecidos y ganándose su parte con el buscón, realizan los trámites. En el primer gobierno de Leonel Fernández fueron prácticamente eliminados, como cumplimiento a promesas de campaña. Pero el efecto parece que ya se ha diluido.

Luego de acercarme a la ventanilla, ticket en mano y hacerme la media desesperada, una señora me atiende junto a otras personas que llevaban buen rato sentados. Entrego los documentos. La señora me dice que por qué me juramente si ese proceso lo podía hacer directamente en la JCE. Pongo cara de interrogante. Le digo que en Interior y Policía, donde uno lleva a cabo ese proceso no explican eso a los hijos de padres dominicanos. Me pasa un papel con los requisitos. Le digo que ya no vale la pena. Yo sigo preguntándome como dos instituciones del Estado compiten por un mismo proceso.

Voy a caja. Pago 500 pesos. Vuelvo a la ventanilla. Media hora después me atiende un chico. Me pregunta donde quiero que inscriban el acta de nacimiento. Pensaba que eso era algo que ellos decidían. Me dice que puede escoger la que quiera. Elegí la que entiendo es la menos problemática. Me entregan un papelito. Debo pasar el 23 de febrero a buscar el oficio para la inscripción del acta, que luego debo llevar a la oficialia elegida y esperar que ellos inscriban y me entregen una copia del acta, algo que puede tomarse quizás algunas semanas.

¡Anda para la porra! No podré contar con esto para el tema de la cedula, me digo. Decido preguntar para sacar mi duplicado. Mi residencia tiene dos meses vencida. No la renové a tiempo porque estaba en proceso de juramentación. No contaba con el “cartereo”. La residencia permanente se renueva cada dos años.

Justificaciones

Me atiende un señor con carácter afable, al menos eso sentí al principio. Le explicó algunas de mis dudas. Me dice lo que supuse: tenía que renovar mi residencia para sacar el duplicado de mí cedula y el costo por ese duplicado es de 1,200 pesos.

No pude evitar expresar mi queja. Renovar residencia permanente cada dos años y pagar 1,200 pesos por un duplicado. El chico en el escritorio adjunto al del “señor afable” asienta en acuerdo con mi queja. El “señor afable” cambia el rostro y se dispone a darme una lección con toda su verdad en las manos.

-¡Pero usted viene de un país con petróleo. Allá tienen recursos. ¿De donde cree que el gobierno de aquí saca recursos?!

-¿Pero no le parece un poco abusivo renovar una residencia cada dos años, una residencia permanente?

-¡Pues mire que cada país dispone sus cosas como quiere!

Los impuestos por renovar residencia los aumentan cada dos años. Un abogado me comento, días después, que antes era cada cuatro años. Aunque claro que con su respuesta, el señor afable me había aclarado una duda que ahora es una certeza.

Me voy de la JCE. Horas más tarde llamo al *462, un servicio de información gubernamental telefónica. Monto a pagar por la renovación de la residencia: 3 mil 250 pesos. Todos los caminos conducen a Migración.

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P.D. Una de las dos certificaciones que me entregaron en la Policía, y por la que pague 80 pesos, no me sirvio de nada. En las oficinas del seguro médico privado donde estoy inscrita no me pidieron la dichosa notificación para entregarme el carnet. Así que ya saben.